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Ovidio Guzmán se declara culpable en EE.UU. y acepta colaborar con la justicia

Ovidio Guzmán López, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable este viernes 11 de julio ante una corte federal en Chicago, Estados Unidos, por delitos vinculados al tráfico internacional de drogas y su participación como alto mando dentro de una organización criminal.

 

Durante su comparecencia en la Corte del Distrito Norte de Illinois, el también conocido como “El Ratón” admitió su responsabilidad en cuatro cargos relacionados con el envío masivo de fentanilo hacia territorio estadounidense, así como su rol como dirigente dentro del cártel fundado por su padre.

 

Vestido con uniforme naranja de prisionero, esposado y con grilletes en los tobillos, Guzmán López compareció ante la jueza Sharon Johnson Coleman y, con voz entrecortada, aceptó los términos de un acuerdo con las autoridades estadounidenses que lo convierte en testigo colaborador en las investigaciones contra el narcotráfico internacional.

 

La audiencia, realizada cerca de las 11:30 de la mañana, marcó un giro en el proceso judicial contra el capo, quien fue extraditado desde México en septiembre de 2023 tras haber sido detenido en un operativo federal en Jesús María, Sinaloa, en enero del mismo año. Esa captura desató una oleada de violencia en la región, con bloqueos, incendios y enfrentamientos que recordaron los hechos ocurridos en 2019, durante su fallido arresto.

 

Como parte del convenio judicial, Guzmán López deberá aportar información, colaborar con investigaciones y testificar en procesos clave. A cambio, la fiscalía podría recomendar una reducción en su sentencia, la cual, de no mediar beneficios, podría incluir cadena perpetua.

 

De acuerdo con información revelada por medios locales y por el periodista Arturo Ángel, Ovidio también reconoció su responsabilidad en tres homicidios y diversos actos de secuestro, además de comprometerse a pagar 80 millones de dólares como parte de la reparación económica.

 

La jueza federal fijó un plazo de seis meses para emitir la sentencia, tiempo en el que se evaluará el cumplimiento del acuerdo de colaboración por parte del acusado, quien fue custodiado durante la audiencia por agentes del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos.

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